Abogados: Georgia violó la Constitución estatal con la ley HB-1312, que bloqueó unilateralmente
las elecciones a la Comisión de Servicios Públicos y permitió a los miembros en ejercicio aprobar sin más las polémicas subidas de las tarifas de los servicios públicos, las más altas de la historia del estado.
ATLANTA, GEORGIA – 17 DE JULIO DE 2024 – Varias asociaciones de consumidores de Georgia han presentado una importante demanda contra el
Estado de Georgia ante un tribunal federal, alegando que los legisladores de Georgia violaron la Constitución estatal al
aplazar unilateralmente las elecciones a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC). Según la
demanda, el aplazamiento ilegal de las elecciones a la PSC permitió a los miembros en funciones de la comisión
aprobar sin más el mayor aumento de las tarifas de servicios públicos de la historia de Georgia y conceder a las empresas de servicios públicos la
autoridad para cobrar a los georgianos los sobrecostes y los contratiempos. Los grupos argumentan que los
cargos podrían no haberse repercutido a los consumidores si las elecciones se hubieran celebrado según lo
programado.
El proyecto de ley 1312 de la Cámara de Representantes, aprobado por los legisladores de Georgia en abril, aplaza la elección de nuevos miembros de la PSC
hasta al menos 2025, lo que otorga a varios miembros actuales de la PSC dos años adicionales en el cargo.
La Constitución de Georgia establece que los mandatos de la PSC deben ser de seis años y, por lo tanto, no pueden
prolongarse sin una enmienda constitucional. A todos los miembros de la PSC se les ha ampliado su mandato
a ocho años, y a uno de ellos a nueve años como consecuencia de ello.
La demanda, presentada por los abogados Bryan Sells y Lester Tate, con sede en Georgia, en nombre de los demandantes
Georgia WAND y Georgia Conservation Voters, se produce tras la denegación por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de
la petición de los demandantes para que el tribunal revisara la decisión del 11.º Circuito en el caso Rose contra Raffensperger.
Kimberly Scott, demandante y directora ejecutiva de Georgia WAND, declaró: «El aplazamiento ilegal
de las elecciones a la PSC en Georgia constituye un ataque a nuestro derecho constitucional al voto
y al mandato constitucional del estado de celebrar elecciones estatales dentro del plazo
establecido por la ley. Esta demanda demostrará que los legisladores de Georgia han tomado de facto
decisiones normativas perjudiciales para el estado, en lugar de respetar nuestra Constitución.
¡Que la gente vote!
En mayo, los demandantes, junto con otras cuatro destacadas asociaciones de consumidores de Georgia, publicaron un informe
titulado «Plant Vogtle: El verdadero coste de la energía nuclear en Estados Unidos». El análisis detallaba
cómo el Departamento de Energía de EE. UU., Georgia Power y la Comisión de Servicios Públicos de Georgia
(PSC) conspiraron para obligar a los georgianos a comprar la electricidad más cara
del mundo, con un coste para los contribuyentes de 10 784 dólares por kilovatio, frente a los 900-1500 dólares por kilovatio
(kW) de la energía eólica o solar. Las recientes facturas de electricidad de Georgia Power han mostrado que el aumento de la factura se sitúa
entre el 30 % y el 40 %.
Entre otras conclusiones clave del informe Vogtle de mayo se incluyen:
• La central de Vogtle permitió a Georgia Power ampliar su base tarifaria —los activos sobre los que obtienen
una tasa de rendimiento garantizada— en más de 11 000 millones de dólares. Sin embargo, su cuota en Vogtle es de 1020
megavatios, lo que la convierte en la electricidad más cara del mundo, con un coste de 10 784 dólares por kW. Los precios normales de la generación
(eólica, solar, gas natural) oscilan entre 900 y 1500 dólares/kW.
• Las unidades 3 y 4 de Vogtle tardaron 15 años en construirse y costaron 36 800 millones de dólares, más del doble del
plazo y el coste previstos.
• Los supervisores independientes de la construcción de Vogtle documentaron que Georgia Power proporcionó
estimaciones de costes sustancialmente falsas durante al menos diez años, falsedades utilizadas para justificar
la ampliación de la central de Vogtle. Estimaciones de costes falsas similares llevaron a la cárcel a los ejecutivos de la empresa de servicios públicos de Carolina del Sur
por la central nuclear fallida de ese estado, cuya construcción comenzó al
mismo tiempo que la de Vogtle.
Patty Durand, defensora de los consumidores, fundadora de Cool Planet Solutions y reciente candidata a
la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC), afirmó: «Una y otra vez, se advirtió a la Comisión de Servicios Públicos de Georgia (PSC)
sobre el coste astronómico de los reactores de Vogtle y la carga financiera que
supondrá para los georgianos durante las próximas décadas. Los comisionados se negaron repetidamente a
proteger a los contribuyentes de los sobrecostes e ignoraron las recomendaciones del personal de la PSC de cancelar
el proyecto. En Carolina del Sur, hubo personas que fueron a la cárcel por acciones como esta, pero aquí no ha habido
ninguna rendición de cuentas por un comportamiento igual o peor. En cambio, la legislatura estatal
decidió proteger a los actuales comisionados de tener que enfrentarse a los votantes retrasando las elecciones de la PSC
indefinidamente. Esto es claramente inconstitucional. Esto es antiamericano».
NOTA DEL EDITOR:
La demanda, la solicitud de medida cautelar y una grabación incrustable del evento informativo sobre la demanda de Georgia se encuentran
disponibles en GAWAND.org.