Este es el cuarto de una serie de cinco artículos del profesor Brian Glassman sobre las elecciones generales de 2020. Esta semana se aborda un doble tema: «Elecciones libres y justas: ¿quién es responsable de hacer realidad ese objetivo?» y «¿Cómo se puede lograr que el voto sea más accesible y seguro?».
A continuación puedes leer más sobre el profesor Glassman.
Fechas importantes que hay que tener en cuenta:
12/10/20 — Ha comenzado la votación anticipada presencial en Georgia. Para obtener más información sobre la votación, visite https://gcvedfund.org/vote/
Elecciones libres y justas: ¿Quién es el responsable de hacer realidad ese objetivo?
Como escribí en mi segundo artículo para GCV, el acto de votar es —o debería ser— una cuestión que no tiene nada que ver con la afiliación política. ¿Cuáles son las mejores formas de lograr ese objetivo?
Dada la magnitud de las elecciones estadounidenses, su organización no es, por definición, ni sencilla ni fácil. Sin embargo, Estados Unidos cuenta con más de 230 años de experiencia en la celebración de elecciones, lo que debería ayudar al Congreso, a los responsables electorales y a los votantes a tomar decisiones más acertadas sobre cómo celebrar las elecciones y cómo votar en ellas.
En primer lugar, ¿quién es responsable de garantizar unas elecciones libres y justas? En mi segundo artículo para GCV, expliqué que la Constitución establece que las elecciones —incluso las de cargos federales— se celebran, al menos en un primer momento, de acuerdo con las normas elaboradas por los estados. Es significativo que el artículo 2 de la Constitución, que describe el cargo de la presidencia, no otorga al presidente ninguna autoridad para juzgar unilateralmente la imparcialidad con la que se han celebrado las elecciones, ni para negarse a acatar los resultados.
A nivel estatal, el secretario de Estado suele ser el responsable de la organización de las elecciones. En su calidad de máximo responsable electoral, el secretario de Estado toma decisiones políticas sobre las normas por las que se regirán las elecciones y, además, asigna recursos a nivel local para su aplicación.
Es habitual que el cargo de secretario de Estado sea un cargo electivo y que lo ocupe una persona afiliada al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Independientemente de su afiliación política, un secretario de Estado debe dirigir las elecciones de manera imparcial. El incumplimiento de esta obligación pone en duda la credibilidad del sistema electoral.
Por eso, el hecho de que un secretario de Estado demuestre su lealtad a un partido es motivo de preocupación. Por ejemplo, en 2004, el secretario de Estado de Ohio, Ken Blackwell, republicano, fue «copresidente honorario» de la campaña presidencial de Bush de ese año. Más recientemente, y mucho más cerca de casa para los votantes de Georgia, el entonces secretario de Estado, Brian Kemp, permaneció en ese cargo, negándose a recusarse, mientras hacía campaña para la gobernación de Georgia en 2018. Eso creó la situación anómala de que el secretario de Estado fuera el principal responsable del recuento de votos en esta importantísima contienda estatal en la que él mismo era candidato. Como saben, ganó esas elecciones y sigue siendo gobernador de Georgia desde que asumió el cargo en enero de 2019.
En la estructura jerárquica de los gobiernos estatales, las juntas electorales locales deben acatar las órdenes del secretario de Estado. Deben seguir las normas electorales que este establece y gestionar las elecciones lo mejor posible con los recursos que se les proporcionan. Cuando las elecciones se desarrollan sin contratiempos, el secretario de Estado tiene derecho a atribuirse el mérito por los procedimientos que han funcionado bien y por los recursos que se han distribuido de forma acertada. Por el contrario, cuando las elecciones salen mal —ya sea porque los votantes no pueden emitir su voto, porque los votos se cuentan incorrectamente o no se cuentan en absoluto, porque se distribuye información inexacta a los votantes, porque los funcionarios electorales no saben cómo desempeñar su labor, etc.—, la responsabilidad de esos fallos debe recaer, al menos inicialmente, en el secretario de Estado.
¿Cómo se puede hacer que el voto sea más accesible y seguro?
A pesar de la complejidad de la tarea, hay varias medidas que se pueden adoptar para garantizar en mayor medida que las elecciones sean accesibles y seguras.
En primer lugar, la información que se difunde a los votantes debe ser precisa y transmitirse a su debido tiempo. Cuando se produzcan cambios en los procedimientos de votación vigentes, estos deben explicarse claramente a todos los votantes, y dicha información debe comunicarse con la suficiente antelación para que los votantes puedan comprenderla y hacer uso de ella.
En segundo lugar, lo más sencillo es realmente lo mejor. Las tecnologías nuevas y llamativas pueden parecer atractivas, pero una mayor complejidad tecnológica en el sistema de votación implica un mayor riesgo de que el sistema falle. Además, esa tecnología podría crear innecesariamente más puntos de acceso al sistema para quienes pretenden interferir en nuestras elecciones. En la actualidad, el método de votación más sencillo y fiable parece ser la papeleta de voto marcada a mano. Tras marcar la papeleta, el votante la introduce en un escáner, que la lee. Se trata de un método con pocos pasos y que tiene la ventaja adicional de contar con una copia en papel en caso de que la máquina falle.
En tercer lugar, debe haber recursos suficientes en todos los colegios electorales: suficientes máquinas y suficiente personal para manejarlas.
En cuarto lugar, es necesario que los miembros de las mesas electorales reciban una formación adecuada sobre cómo utilizar el material electoral y cómo resolver los problemas que puedan surgir.
En quinto lugar, hay que tener en cuenta que surgirán problemas, sobre todo cuando se utilicen nuevos procedimientos o tecnologías. Es necesario prever esos problemas. El sistema de votación debe someterse a pruebas de estrés —y repetirse estas pruebas— hasta que se hayan solucionado todos los fallos.
En teoría, unas elecciones accesibles son aquellas en las que los votantes pueden votar por correo, en persona antes de la fecha prevista o el mismo día de las elecciones. Esto es especialmente cierto en estos tiempos de pandemia de coronavirus. Como escribí en el artículo 3 para GCV, la votación anticipada, al distribuir el voto a lo largo del tiempo, aliviará la presión sobre el sistema electoral en general y sobre la votación del 3 de noviembre en particular. Esto significa que debe imprimirse un número suficiente de papeletas de voto por correo de forma correcta y oportuna, y distribuirse con antelación para que los votantes puedan rellenarlas y devolverlas a tiempo. De no hacerlo, es inevitable que los votantes no reciban sus papeletas con la suficiente antelación, o quizá no las reciban en absoluto, y tengan que votar en persona. A eso es a lo que yo llamo el «efecto dominó», con problemas relacionados con la votación que se agravan.
¿Cómo se garantiza la seguridad de unas elecciones? Depende de los informáticos crear sistemas «cerrados» que sean invulnerables a los ciberataques. Más allá de eso, es esencial para la seguridad del sistema electoral que este se gestione de forma totalmente imparcial. Eso implica, entre otras cosas, que haya representantes de los dos principales partidos presentes en todo momento, desde la recepción de las papeletas hasta su procesamiento y recuento. Esos procedimientos, descritos claramente por escrito y totalmente transparentes, contribuirán a que las elecciones sean seguras y también ayudarán a convencer a los votantes de ello. Por último, los propios votantes deben asumir su responsabilidad: leer atentamente las instrucciones, pedir ayuda cuando sea necesario, actuar con rapidez y hacer caso omiso de la información errónea o la desinformación.
Cuando todos nosotros —tanto los funcionarios como los votantes— tomemos estas medidas, podremos estar seguros de que estamos participando en unas elecciones libres, justas, accesibles y seguras.
Brian Glassman
Profesor de la Facultad de Derecho Cleveland-Marshall
Brian Glassman impartió clases a tiempo completo durante 27 años en la Facultad de Derecho Cleveland-Marshall antes de pasar a ser profesor a tiempo parcial este año. Concebió, organizó y moderó una conferencia titulada «La integridad electoral en una época de polarización política: el gerrymandering, las comisiones de redistribución de distritos y la pregunta sobre la ciudadanía del censo de 2020», organizada por la Facultad de Derecho Cleveland-Marshall en octubre de 2019. También intervino en el foro virtual del decano de la Facultad de Derecho sobre «Elecciones, coronavirus y el censo de 2020» en abril de 2020. Actualmente, trabaja en cuestiones relacionadas con el derecho al voto para organizaciones comprometidas con unas elecciones libres y justas. El 24 de septiembre de 2020, presentó junto con Allegra Lawrence-Hardy, abogada y asesora jurídica de la organización de derechos de voto Fair Fight Action, en un evento virtual de Cleveland-Marshall titulado «Discriminación racial en el voto».
El profesor Glassman se licenció en el Connecticut College y obtuvo su título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.