Desde que asumió el cargo, la Administración Trump ha puesto en marcha la derogación de casi 100 medidas de protección medioambiental. Que no quepa duda: independientemente de lo que el presidente le diga al Congreso, la Administración Trump niega el cambio climático, nos está haciendo retroceder en materia de aire y agua limpios, y está poniendo en peligro la salud de nuestros hijos y nuestras familias.
- Durante la crisis de la COVID-19, la Administración Trump ha decretado la suspensión total de la aplicación de las leyes medioambientales, anunciando que las empresas ya no tendrán que cumplir las normas medioambientales mientras dure el brote. La EPA no ha fijado una fecha de finalización para esta política y, en la práctica, está cediendo a los estados el control de la supervisión de los niveles de contaminación del aire y el agua. Anteriormente, los grupos de presión del sector del petróleo y el gas enviaron discretamente una carta a la administración Trump, pidiéndole que eximiera del cumplimiento de las normas que ellos califican de «no esenciales». Estas medidas de seguridad denominadas «no esenciales» garantizan la supervisión de la gestión de residuos peligrosos, los análisis del agua potable, las inspecciones de tanques, los requisitos de análisis químicos, la detección de fugas de petróleo y gas, y mucho más. Estas medidas de seguridad «no esenciales» afectan directamente a la salud y la seguridad de las personas.
- Un juez federal ha anulado recientemente casi un millón de acres de concesiones petroleras y gasísticas, al dictaminar que la política de la administración Trump de excluir la participación pública del proceso de concesión era ilegal. Se está librando una batalla campal para volver a asegurar esas tierras para la perforación —¡incluso ahora, mientras todo el mundo está distraído con la crisis de la COVID-19!— y nosotros formamos parte de la campaña para detenerla.
- La administración Trump está intentando vaciar de contenido la Ley Nacional de Política Ambiental. Esto significaría que las agencias ya no tendrían que tener en cuenta el cambio climático a la hora de aprobar grandes proyectos como autopistas, oleoductos y otras propuestas de infraestructura, y podrían ignorar la opinión pública. Estamos haciendo un último esfuerzo urgente para bloquear la nueva norma, pero tenemos que actuar con rapidez si queremos tener alguna posibilidad.
- La administración Trump está a punto de vender los derechos de acceso a la zona que rodea el Gran Cañón para permitir la extracción de uranio. El Gran Cañón ha sido el hogar de comunidades indígenas durante milenios, entre ellas las comunidades Havasupai, Hualapai, Hopi y de la Nación Navajo. El Congreso está presionando para bloquear la venta, pero necesitamos una gran presión popular si queremos tener alguna posibilidad de éxito.
- Aunque Trump haya retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París, todavía hay una oportunidad real de cumplir con los compromisos que asumimos como país. Tras intensas campañas ciudadanas, los gobiernos estatales y locales están estableciendo sus propios límites de emisiones. Esto no siempre aparece en primera plana, pero es algo muy importante, y solo ocurre cuando el movimiento ecologista lo exige.
- La EPA ha vaciado de contenido una normativa de la era Obama que obligaba a las centrales térmicas de carbón a reducir las emisiones tóxicas, como el mercurio y otros contaminantes peligrosos. Esto no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta que Andrew Wheeler, director de la EPA, fue anteriormente lobista de la industria del carbón. En otras palabras, es como dejar que el lobo cuide de las ovejas.
- La Administración Trump ha tomado medidas para enfrentarse a la EPA en relación con una de las pocas medidas de protección de la salud pública que se habían impulsado. Los PFAS, un compuesto químico peligroso, se utilizan en múltiples productos diferentes, como sartenes y alfombras. Es probable que la acción contra la EPA haya sido liderada por Nancy Beck, una antigua ejecutiva de la industria química.
- Trump y la Casa Blanca se han negado a tomar medidas para aplicar normas más estrictas sobre la contaminación por partículas, a pesar de que hacerlo mejoraría la calidad del aire y salvaría miles de vidas. Una vez más, al frente de la oposición a unas regulaciones sanitarias y medioambientales adecuadas se encuentra Andrew Wheeler, quien afirma que los informes son poco fiables.
- La Ley de Agua Limpia está siendo vaciada de contenido, gracias a la EPA y, cómo no, a Andrew Wheeler. Esto pone a muchos cursos de agua, como arroyos y humedales, en riesgo de contaminación y otros contaminantes nocivos, lo que expone a quienes viven río abajo a un riesgo considerable de ingerir esos contaminantes.
- La administración Trump ha rebajado las normas sobre consumo de combustible y emisiones, lo que amenaza con echar por tierra los avances logrados durante la administración Obama, además de aumentar las emisiones de dióxido de carbono en casi mil millones de toneladas y el consumo de combustible en casi 80 000 millones de galones más.
No nos equivoquemos: esto es solo el principio si se permite que Trump consiga un segundo mandato. A menos que queramos garantizar una desaparición rápida y devastadora de nuestro hermoso planeta, debemos actuar para detener al Gobierno de Trump y trabajar para proteger la tierra y el medio ambiente que todos amamos.